El prominente geek Ethan Zuckerman – Director del Center for Civic Media del MIT o sea el Massachusetts Institute of Technology- ha sostenido en su blog que espacios como las redes sociales (del tipo Facebook o Twitter) son actualmente las nuevas esferas de opinión/poder/influencia públicos, y de tal importancia que, o bien debería existir mayor número de redes sociales de carácter público en oposición a las privadas, o bien debería empezar a pensarse en subsidiar con fondos estatales el mantenimiento de las redes sociales privadas existentes para garantizar el acceso de todos a ellas, en consideración a lo que allí se discute, comparte o libera. Dicho en simple, lo que se dice y comparte en estos nuevos espacios públicos es de tal impacto social, que bien podrían gozar de una mayor atención de aquella institución que por antonomasia es el equivalente a lo “público”. Esto es el Estado y toda su maquinaria.
La comprobación de Zuckerman, no es nueva e incluso ha logrado cristalizarse en una forma innovadora de gestión pública con foco en el ciudadano a través del uso de plataformas de tecnología social (social media) o similares. Baste con recordar, qué bien capitalizó el impacto público de estas herramientas en sus campañas presidenciales Barack Obama, logrando erigirse en el Primer Mandatario de la nación más promotora del Gobierno Abierto en el mundo (Open Government), pese a los muertos y heridos existente en torno al espinoso tema de la “Neutralidad de Internet o la red”. Y pese a los muertos y heridos, el Open Government ha crecido en defensores y entusiastas, que luego del escándalo mundial de las filtraciones de infidencias en Wikileaks –y sus derivadas-, han decidido hablar fuerte y claro a favor de esta forma de gobernar basada en tres elementos: transparencia, participación y colaboración (entre las Administraciones Públicas y las empresas). Los defensores del Gobierno Abierto, consideran que la mejor forma de amainar fenómenos como el de Wikileaks –o localmente, de fenómenos como el “crackeo” a cuentas estatales o de funcionarios públicos-, es ofrecer información de oficio a los interesados y no como hasta ahora, solo si alguien la solicita. La razonabilidad es clara, más aún si se considera la facilidad con la que hoy es posible acceder a información de manera indirecta, subrepticia o indebida –o sea “crackeando”-
Pero no toda la información es igual. Ni tiene el mismo valor. Existen tres tipos: La información políticamente sensible, la administrativamente sensible y la que no es ni lo uno ni lo otro. Lo que se suele liberar es sobre todo del tercer grupo de información. Sin embargo, los promotores del Open Government (y su instrumento el Open Data) consideran que es necesario liberar incluso la información administrativamente sensible. Un ejemplo de ese tipo de transparencia es la web del Ayuntamiento de Washington D.C. (www.track.dc.gov) donde cada departamento de la Administración Pública, informa a la ciudadanía si está cumpliendo, o no, lo prometido o los objetivos anuales que se trazaron.
Tener la información es el principio, pero no es suficiente. En última instancia, el Gobierno Abierto apunta a establecer un gobierno participativo, en el que la ciudadanía se implique, opine y delibere, tal como ya lo viene haciendo de forma espontánea sobre temas menores en sitios como Facebook o Twitter. Hoy como nunca, los Estados tienen la mejor oportunidad de acercarse a la construcción de una democracia de mejor calidad y en ello la tecnología más que una enemiga, (a la que hay que temer o aún peor soslayar) es una estupenda aliada a la que hay que empezar a convocar con mayor avidez.
Nota: Artículo publicado originalmente en «Diario Correo», Lima 05 Marzo 2015